Este lunes 11 de mayo 2020 se inició la Fase 1 de la «desescalada» del confinamiento, dentro del aún estado de alarma en el que se encuentra casi todo el mundo.
El pasado fin de semana he leído una buena parte de las noticias digitales en relación con los programas de ayuda, las medidas de prevención sanitaria, los protocolos a implantar y las consecuencias económicas del Covid-19 en nuestro país con especial atención en Canarias, Comunidad Autónoma donde resido desde hace seis años.
Recuerdo llegar a Canarias en mayo 2014 y cómo nos afectó encontrar una economía que aún lograba escapar de la etapa final de la crisis inmobiliaria del 2007-2008. Empresas cerradas, la construcción en su mínima expresión y el segundo banco más grande de España: CaixaBank ofreciendo inmuebles a bajo precio con posibilidades de financiamiento a través de una empresa gestora inmobiliaria: Servihabitat.
Recuerdo muchos locales vacíos con el cartel de «se vende» o «se alquila», y muy poco ánimo para invertir en terrenos para la agricultura.
Sin embargo, de alguna forma el «sistema», con sus ayudas económicas, aunado al crecimiento de la confianza de los ciudadanos locales, el crecimiento del nivel del turismo recibiendo a nuestros vecinos de Europa, principalmente alemanes, y la llegada de algunos inmigrantes de América Latina, con muchas ganas de trabajar en cualquier oficio, comenzaron a ser realidad el inicio del crecimiento económico en Canarias.
Mucho ha sido lo que hemos avanzado en seis años, y podría numerar algunos factores. Sin embargo, hoy quiero centrarme en opinar del temor, el miedo y la incertidumbre de cómo comenzar la actividad económica que luego de 60 días ha mantenido a los comercios, varias industrias y oficinas a puertas cerradas, con la propuesta oficial de hacer ciertos trabajos de forma telemática.
En esa revisión de la prensa digital hasta el domingo 10 de mayo, no encontré ni una sola información de valor que orientara a los autónomos y microempresas acerca de cuál es el Plan para apoyarles a diagnosticar su economía individual, su nivel de solvencia y su capacidad de endeudamiento. Tampoco he encontrado, ninguna publicación pública o privada, haciendo un llamado de atención o reiterando la necesidad de ofrecer orientación gerencial, administrativa y financiera para que autónomos y microempresas puedan tomar decisiones y diseñar estrategias adecuadas que haga posible la continuidad de sus actividades. Principalmente saber, quiénes serán capaces de enfrentar los costes y gastos de una reapertura según su condición económica, su patrimonio actual y su capacidad de generación de ingresos en condiciones totalmente distintas a la de hace unos meses.
Les confieso que ver este silencio por parte de los entes públicos, esta falta de compromiso y responsabilidad social también de las organizaciones y gremios me ha desbordado y mi angustia se ha traducido en esta respuesta. Una respuesta de “protesta reflexiva y comprometida”, que requiere ser escuchada.
Además, luego de haber trabajado durante más de 20 años en empresas multinacionales de reconocido prestigio, y participado en equipos de trabajo para apoyar la toma de decisiones empresariales, que en muchos casos significaron reestructuraciones patrimoniales o redimensionamiento de las empresas, en su mayoría empresas con más de 20 trabajadores en plantilla; me atrevo a afirmar que no podemos esperar ni un solo momento más; que se requiere crear una comisión profesional y con experiencia para apoyar al emprendedor y a la microempresa, con objetivos claros y definidos de actuación y con períodos de control y seguimiento operativo y económico que permita realizar ajustes constantes en un horizonte incierto, volátil y lleno de ambigüedades.
A nivel macro y de acuerdo al último censo nacional, al que hizo referencia el economista Emilio Ontiveros Baeza, en una reciente videoconferencia, organizada por la Universidad de la Laguna, en Tenerife; con una España de 3.580 mil empresas compuesta en un 97% de microempresas que en su gran mayoría se gestionan económicamente con el día a día de sus operaciones y ventas, y que sólo tienen un 1,5 meses de maniobra financiera; ya podríamos anticiparnos a las consecuencias del futuro inmediato en los sectores: Servicios, Turismo y Comercio.
Concuerdo con el análisis del Economista Ontiveros Baeza, en cuanto a que se requiere un apoyo financiero urgente de las Instituciones Europeas a través del Banco Central Europeo y de la Comisión, que esté dirigido a financiar a los países con Proyectos de Inversión para una Transición Energética y Digital; y no, como lo hicieron en la crisis del 2008, con préstamos dirigidos a financiar a las empresas, y que en su gran mayoría no fueron capaces de soportar el peso de la deuda y terminaron profundizando la crisis económica y la quiebra de las mismas.
Autor: Emilia Jesús González – Grado en Educación Comercial y Administración